El diputado nacional de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, ingresó al Congreso de Argentina un proyecto de ley para exigir que el Parlamento discuta y apruebe cualquier acuerdo del Poder Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La propuesta prohíbe el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) o la delegación de facultades a comisiones especiales en materia de endeudamiento externo.

La iniciativa, denominada Ley Marco de Defensa de la Posición Argentina frente a los organismos financieros internacionales y reforma del convenio constitutivo del FMI, se presentó en paralelo al anuncio de la llegada a la Argentina de la titular del organismo, Kristalina Georgieva, para cumplir una agenda de trabajo con la gestión de Javier Milei.

????Argentina incumplió dos metas del FMI: reservas y superávit fiscal. La consultora Outlier advirtió que el segundo semestre será "muy exigente". El consumo masivo cayó por sexto mes consecutivo y los salarios reales acumulan 7 bajas en 8 meses. #Argentina #FMI #teleSUR… pic.twitter.com/bVUtZZczX8

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Claves y respaldo parlamentario del proyecto de ley

El texto consta de 22 artículos y plantea derogar la Ley 27.612 para reemplazarla por un régimen más amplio. Establece que cada crédito con organismos financieros exija una ley especial donde se aclare el tipo de deuda, el monto máximo, el plazo de pago y el destino exacto del dinero.

El proyecto declara nulos los acuerdos que impongan condiciones al control del movimiento de capitales. La medida cuestiona de forma directa el DNU 179/2025, con el cual el Gobierno acordó un programa por unos 20.000 millones de dólares sin pasar por el debate del Congreso.

El documento señala que los actos que incumplan estas reglas serán revisados bajo la posibilidad de nulidad total, y establece que los funcionarios que intervengan serán responsables directos por los daños causados al Estado.

???? Argentina presentó reforma para eliminar topes patrimoniales en la Ley de Inocencia Fiscal

???? El ministro Luis Caputo impulsa la supresión de los límites de 10.000 millones de pesos en patrimonio para que más contribuyentes regularicen activos ante el fisco. ¿Considera que… pic.twitter.com/k6lQSS93V4

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La norma cuenta con el respaldo y la firma de 15 diputados de Unión por la Patria: Germán Martínez, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carlos Castagneto, Itai Hagman, Hilda Aguirre, Nicolás Trotta, María Elena Velázquez, Marcelo Barbur, Agustín Rossi, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Julia Strada, Sabrina Selva y Jimena López.

Principios de soberanía y corresponsabilidad del FMI

El proyecto se fundamenta en seis principios clave: soberanía económica, corresponsabilidad entre acreedor y deudor, legitimidad de las políticas macroprudenciales, sostenibilidad de la deuda según la capacidad real de pago, transparencia con control democrático y multilateralismo activo.

Sobre la corresponsabilidad, la iniciativa sostiene que si el FMI incumple sus propias normas o aprueba créditos por motivos políticos, la responsabilidad de los daños debe ser compartida. Para respaldar este punto, el texto cita informes de la Oficina de Evaluación Independiente del FMI y de la Auditoría General de la Nación sobre el préstamo concedido en 2018.

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Dichas evaluaciones registraron irregularidades en los criterios de acceso y ubicaron esa deuda en una «zona gris». En ese período, salieron del país 45.100 millones de dólares por fuga de capitales del sector privado, cifra equivalente a los 44.500 millones aportados por el organismo.

Control de la deuda y revisión del excedente político

Desde el entorno del legislador explicaron que la ley «fija un techo legal a la deuda externa, e instruye al Poder Ejecutivo a exigirle al propio FMI una revisión del excedente que hoy carga el país».

«Frente a la situación actual de endeudamiento que atraviesa la Argentina se hace necesario distinguir lo que se debe pagar siempre (la cuota) de aquello que fue una decisión política tomada por fuera de las reglas (el excedente)», sostuvieron en el comunicado.

Los impulsores señalan al FMI y a las autoridades de 2018 como los responsables de la crisis actual. «El Fondo no aplicó las herramientas previstas para controlar la fuga de capitales a la vez que el crédito fue aprobado por el macrismo, incumpliendo los procedimientos institucionales esenciales», enfatizaron.

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Recalcaron que «el caso argentino es un ejemplo paradigmático de falla institucional y su corrección beneficiará al conjunto del sistema». El objetivo es separar la cuota obligatoria del excedente político del acuerdo de 2018, revisando montos y plazos para garantizar un plan sostenible sin aplicar nuevos ajustes al pueblo.

«La deuda con el organismo equivale a trece veces la cuota argentina, por lo que el tramo en discusión es de entre 30.000 y 37.800 millones de dólares», explicaron los impulsores del proyecto, quienes concluyeron que la medida busca ordenar la macroeconomía priorizando el equilibrio social en beneficio de la población.

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